Santo Domingo.- La jueza del Tribunal Contencioso y Administrativo del Distrito Nacional ordenó ayer la suspensión de los trabajos para la instalación de una cementera en la comunidad Gonzalo, favoreciendo una instancia elevada por grupos comunitarios y campesinos de los Haitises.
La magistrada Sarah Enríquez Marín, dispuso la suspensión de los trabajos de construcción de la obra, “para evitar que se continúe provocando daños al medio ambiente y al sistema hídrico de la zona”.
Los abogados del consorcio a cargo de la construcción de la cementera, manifestaron su inconformidad con la decisión e indicaron que apelarán la sentencia en un plazo de cinco días.
Robert Martínez Vargas dijo que la licencia para la construcción de la obra sigue vigente hasta que el tribunal se apodere del caso, “Porque todavía las organizaciones comunitarias no han interpuesto un recurso para que ésta sea revocada”.
Martínez Vargas entiende que con la decisión se violan los derechos de las partes y los principios institucionales.
De su lado, Juan Bautista Frías, abogado de los comunitarios, dijo que la justicia se viste de gala con la decisión y que de inmediato elevarán una instancia para que se elimine la licencia para la construcción de la obra.
Los comunitarios tienen un plazo de 15 a 30 días para interponer una demanda para que le quiten la licencia.
La suspensión es hasta que el tribunal se apodere del recurso para que se decida revocar o no la licencia.
Rancho Arriba paraiso natural
La magistrada Sarah Enríquez Marín, dispuso la suspensión de los trabajos de construcción de la obra, “para evitar que se continúe provocando daños al medio ambiente y al sistema hídrico de la zona”.
Los abogados del consorcio a cargo de la construcción de la cementera, manifestaron su inconformidad con la decisión e indicaron que apelarán la sentencia en un plazo de cinco días.
Robert Martínez Vargas dijo que la licencia para la construcción de la obra sigue vigente hasta que el tribunal se apodere del caso, “Porque todavía las organizaciones comunitarias no han interpuesto un recurso para que ésta sea revocada”.
Martínez Vargas entiende que con la decisión se violan los derechos de las partes y los principios institucionales.
De su lado, Juan Bautista Frías, abogado de los comunitarios, dijo que la justicia se viste de gala con la decisión y que de inmediato elevarán una instancia para que se elimine la licencia para la construcción de la obra.
Los comunitarios tienen un plazo de 15 a 30 días para interponer una demanda para que le quiten la licencia.
La suspensión es hasta que el tribunal se apodere del recurso para que se decida revocar o no la licencia.
1 comentario:
Estoy muy contento con esta noticia ... De hecho creo en que por vez primera fueron escuchadas nuestras suplicas ...
Viva mi pais ...:)
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